La competencia impulsa constantemente a las empresas a ofrecer un abanico más amplio de productos a los mejores precios posibles porque, si no lo hacen, los consumidores pueden elegir otras alternativas. En un mercado libre, las empresas tienen que competir en beneficio del consumidor.
A veces las empresas tratan de limitar la competencia. Para mantener el buen funcionamiento de los mercados de productos, las autoridades como la Comisión deben impedir o corregir los comportamientos contrarios a la competencia. La Comisión supervisa:
- los acuerdos entre las empresas para restringir la competencia, como carteles y otros tipo de pactos en los que las partes establecen normas propias y evitan competir entre sí
- los abusos de posición dominante de las empresas más poderosas que tratan de expulsar a sus competidores del mercado
- las fusiones y otros acuerdos formales entre empresas que desean asociarse de forma temporal o permanente (aceptables siempre que sirvan para ampliar los mercados en beneficio de los consumidores)
- los esfuerzos para abrir los mercados a la competencia (liberalización) en sectores como el transporte, la energía, los servicios postales y las telecomunicaciones: como muchos de estos sectores solían estar bajo el control de monopolios estatales, es muy importante garantizar que la liberalización no les dé ventajas injustas
- las ayudas estatales a las empresas que conceden los gobiernos de la UE (aceptables siempre que no falseen la competencia justa y efectiva entre las empresas de los países miembros de la Unión, ni afecten negativamente a la economía)
- la cooperación con las autoridades nacionales de competencia de los países miembros (parcialmente corresponsables de garantizar el cumplimiento de la normativa europea) para lograr que el Derecho de competencia se aplique de la misma manera en toda la UE.